Benicarló estudiará implantar la figura del defensor de los vecinos

17/05/2017

La Concejalía de Participación Ciudadana está estudiando la implantación en Benicarló de la figura del defensor de los vecinos para velar por los derechos de la ciudadanía. La legislación permite esta posibilidad con el objetivo de mejorar la relación de los ciudadanos con las administraciones locales.

El Ayuntamiento de Benicarló iniciará los trámites y el trabajo conjunto con la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para implantar la figura del defensor de los vecinos, una institución que tiene como principal objetivo velar por los derechos de la ciudadanía ante las actuaciones de la administración local y las entidades que dependen de ella.

Así lo ha confirmado la concejala de Participación Ciudadana, Susana Pérez, que ha asistido a las jornadas realizadas en Paterna sobre la figura del defensor del vecino, donde se han explicado las experiencias de varias ciudades que cuentan con esta institución, como por ejemplo Algemesí, Requena, Paterna, Palma o Vitoria. Pérez ha remarcado que «se trata de una figura de gran relevancia en el ámbito de la participación y la transparencia» y ha subrayado que «no sólo se trata defender los derechos de la ciudadanía, sino de prestar atención, información y asesoramiento y mejorar las relaciones entre los ciudadanos y el Ayuntamiento de la manera más adecuada, con independencia y objetividad».

La figura del defensor del vecino se recoge en el artículo 29 de la Ley 8/2010 de régimen local de la Comunitat Valenciana, que establece que «para la defensa de los derechos de los vecinos ante la administración municipal, la comprobación de las quejas recibidas y las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, los municipios podrán crear, mediante acuerdo plenario, la Comisión especial de sugerencias y reclamaciones o bien la figura del defensor/a de los vecinos, encargada de supervisar la actividad de la administración municipal, en conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal».