Notas de prensa

El Ayuntamiento de Benicarló aprueba la Oferta Pública de Empleo de 2016

28/12/2016

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la Oferta Pública de Empleo de 2016, que supondrá la incorporación de nuevo personal a la plantilla del Ayuntamiento. La propuesta aprobada permitirá aumentar en cuatro policías locales la dotación del Área de Seguridad Ciudadana y abordar procesos de promoción interna del funcionariado del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Benicarló ha aprobado la Oferta Pública de Empleo de 2016 con el objetivo de reducir la temporalidad y la precariedad de la plantilla del consistorio. La Oferta fue tratada previamente en la Mesa General de Negociación donde todos los sindicatos, por unanimidad, dieron su apoyo.

La concejala de Servicios Generales, Marta Escudero, ha hecho una valoración muy positiva de esta aprobación y ha remarcado que «tanto la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales como las Leyes de Presupuestos del Estado son una continua amenaza a los servicios prestados por los ayuntamientos, puesto que limitan las contrataciones de personal impidiendo cubrir las vacantes dejadas por empleados que han ido dejando el Ayuntamiento por jubilaciones u otros motivos». «Estas leyes -ha asegurado la concejala- llevan a las administraciones locales a soluciones temporales para poder garantizar la prestación de servicios.

En este sentido, Marta Escudero ha dicho que «la aprobación de la Oferta de Empleo Público es un paso más, a pesar de las restricciones, hacia un empleo pública estable y de calidad con una reducción de la precariedad y la temporalidad, que es lo que los servicios a la ciudadanía piden y necesitan».

La concejala ha constatado que «después de cinco años sin ningún movimiento al respecto, puesto que la última Oferta aprobada por el Ayuntamiento fue la del año 2009, volvemos a aprobar una Oferta de Empleo Público». «De esta forma empezamos a dotar de personal de manera permanente las áreas municipales para revertir poco a poco los años de recortes que han tenido un efecto negativo directo en los servicios públicos que recibe la ciudadanía».